El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, comúnmente referido como JDC, es un mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones de las autoridades electorales que tienen el fin de tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía, los derechos humanos vinculados a estos, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados a ello y restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus derechos a través de su protección legal y constitucional.

Se contempla en el artículo 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur y procede cuando la ciudadana o ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.